Viviendas accesibles
Por Diego Jiménez, publicado en LA OPINIÓN, el 3 de mayo 2005

El diario EL PAÍS informaba, hace unos días, que cerca de 3 millones de españoles viven solos, prácticamente el doble que en 1991, y que uno de cada cinco pisos está ocupado por un solo habitante. El salón internacional de la construcción de Barcelona (Construmat) presentó a mediados del pasado mes de abril seis prototipos de apartamentos mínimos adaptados, pues, a las nuevas necesidades. La polémica, además, se disparó a raíz de la propuesta de la ministra de la vivienda, María Antonia Trujillo, de poner en el mercado viviendas de protección oficial en régimen de alquiler de 30 metros cuadrados. Al margen de la demagogia que acompañó mediáticamente a una propuesta ministerial, que puede parecer inoportuna y desafortunada, pero que trataría de dar respuesta a las demandas de un cierto sector de la población, es mi intención aportar otras reflexiones.

La urgencia de la propuesta ministerial corre pareja a un disparatado aumento del precio de la vivienda (un 17% en el último año), por la inadecuación de esos precios a las leyes de la oferta y la demanda que suelen regir el mercado. En efecto, como decía en mi artículo Voracidad constructora (LA OPINIÓN, 8-3-05), es paradójico que con más de 750.000 pisos nuevos construidos en 2004, muy por encima de la demanda, estemos hablando del problema de la vivienda en España. Los poderes públicos tienen que arbitrar medidas efectivas para hacer realidad el derecho constitucional a una vivienda digna (artículo 47). Pero, además, hay que hacer cumplir el artículo 128 de nuestra Carta Magna, el que subordina al interés general toda la riqueza del país, reservando al sector público recursos o servicios esenciales. Esto es: el Estado central, y las comunidades autónomas y municipios como parte de ese Estado, están obligados a una política intervencionista en la vivienda, un bien básico esencial. Cosa que no se está haciendo con la celeridadque sería precisa, pues es evidente que este sector está contribuyendo, junto con el consumo privado, a elevar las tasas de crecimiento económico de este país. Y, ante esa evidencia, las mentes de los responsables públicos quedan obnubiladas, incapaces de arbitrar soluciones efectivas a la vorágine de especulación inmobiliaria que soportamos.

Es urgente, pues, reelaborar una Ley del suelo que frene esta espiral especulativa. Hay que poner suelo público, barato y suficiente, en circulación. Se impone penalizar fiscalmente las viviendas vacías. Es preciso potenciar los alquileres. Y es necesaria, además, la armonización de la legislación básica estatal con las normas urbanísticas de las distintas comunidades autónomas. El artículo 150.3 de nuestra Constitución dice literalmente: "El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas aun en el caso de materias atribuidas a las competencias de éstas cuando así lo exija el interés general [.]".

El intervencionismo estatal en materia de vivienda exige algo más que medidas que, como la de la ministra Trujillo, suenan a cortina de humo. Una vivienda digna accesible a los sectores sociales más desfavorecidos es una necesidad inaplazable. Y ello antes de que la previsible subida de los tipos de interés haga estallar la burbuja inmobiliaria actual. Quizás las resistencias provengan de un mercado financiero al que le está viniendo como anillo al dedo la creciente demanda de hipotecas con unos plazos de amortización cada vez más largos, y al que perjudicaría en sus cuentas de resultados un hipotético abaratamiento de los pisos.Pero el gobierno tiene la obligación de velar por el interés general. Y el interés general es el de la mayoría que tienen vedado, hoy por hoy,el acceso a una vivienda digna.

No es, desde luego, el de los promotores y especuladores de toda laya que están engordando sus bolsillos a costa de los demás.