El magistrado Julián Pérez-Templado y los dos fiscales que investigan la Operación Tótem mantienen entre la documentación intervenida a los detenidos e imputados un contrato privado mediante el cual, según ha conocido esta redacción, el ex alcalde Juan Morales y el empresario Juan Antonio Álvarez Moreno se repartían las comisiones en las diferentes operaciones urbanísticas. Este documento, que presuntamente fue roto por Morales, lo encontraron en la basura los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se encargan de la investigación iniciada por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro.
Este documento, que fue reconstruido por los investigadores, tendría carácter privado, por lo que tendría validez legal, según fuentes de la investigación.
La existencia de este documento, que supone que la propiedad de la empresa Deitania, cuya finalidad social "es la intermediación, mediante comisión, en el sector inmobiliario", la compartan Juan Morales y su titular, Juan Antonio Álvarez Moreno, fue el motivo por el cual fue detenido y llamado a declarar este empresario, que la investigación considera que podría haber actuado como presunto testaferro.
El pasado martes, tras ser detenido, declaró ante el magistrado Julián Pérez Templado que lleva esta pieza separada del caso Tótem y le impuso una fianza de 20.000 euros, cuyo plazo de presentación termina hoy si quiere eludir la prisión.
Por otra parte, el concejal de IU en el ayuntamiento de Totana, Juan José Cánovas, anunció ayer, en rueda de prensa, que los ediles de la formación de izquierdas "no asistirán al Pleno extraordinario convocado por el alcalde, José Martínez Andreo, para hoy a las 8.00 horas, con la intención de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", porque, recordó, "mucha documentación está requisada por la Guardia Civil y la Fiscalía anticorrupción". Así, criticó que "en plena reactivación de la Operación Tótem, Martínez Andreo convoca un Pleno con escasas 48 horas de plazo y a una hora inusual con la intención de que no puedan asistir vecinos, que han presentado más de 4.000 alegaciones, a un Plan sometido a la investigación de la Fiscalía anticorrupción y la Unidad Central de la Guardia Civil". "Concretamente, advirtió, muchos de los convenios que forman parte del Plan General fueron requisados por la Guardia Civil el día que el alcalde fue detenido por las Fuerzas de Seguridad". Y es que, a juicio de Cánovas, "el Plan General es un diseño del anterior alcalde y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea, Juan Morales".

MURCIA.- El notario de Totana, Patricio Chamorro, que declaró hoy durante más de cuatro horas ante el magistrado instructor Julián Pérez Templado y representantes de la Fiscalía del TSJ, como imputado en el caso "Totem", por actuar supuestamente en complicidad con el ex alcalde Juan Morales en la compra-venta de suelo industrial público, en la que se vieron beneficiados empresarios privados, ha quedado en libertad sin cargos, según informaron fuentes judiciales.

Los terrenos, unos 40.000 metros cuadrados, estaban situados en el polígono El Saladar del Totana, y la operación fue denunciada por IU.

IU denunció que con esta venta se incumplía el acuerdo por el que se fijaba que ese suelo, de no construir la empresa de cartonaje una ampliación, debía revertir a la sociedad municipal "Proinvitosa" que gestiona el polígono industrial El Saladar de la localidad.

Acompañado de su abogado, se le requirió al notario para que diera su opinión técnica sobre los escritos de unos bienes investigados dentro de la operación judicial.

Según Chamorro, instructor y fiscales le han interrogado sobre cuestiones técnicas de la firma de convenios urbanísticos y de la compra-venta de terrenos a la sociedad pública municipal "Proinvitosa".

Por otra parte, el arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso (en la imagen), salió anoche del Centro Penitenciario de Sangonera tras pagar una fianza de 100.000 euros (unos 17 millones de pesetas) en base a un nuevo auto de la juez de San Javier, Eva María Algar, en el que se estima que el imputado ya no puede obstruir la investigación al estar suspendido en sus funciones municipales. Ha permanecido tres meses en prisión preventiva.

Ayuso, implicado en la "operación Ninette", está acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad en documento, prevaricación y cohecho.