PUBLICIDAD ENGAÑOSA
(La Opinión 09/10/06)

El elemento del patrimonio minero que da nombre a esta columna, es decir, el castillete, no está precisamente de enhorabuena en La Unión. En la localidad minera acaba de aprobarse provisionalmente, para su remisión a la Comunidad Autónoma, el Plan Municipal de Ordenación Urbana, y a pesar de que la Dirección General de Cultura le pedía a Sanes expresamente que provisionara suelo no urbanizable en la Sierra Minera para proteger su patrimonio arqueológico industrial, el Alcalde y su equipo han obviado esta prescripción del organismo autonómico y se disponen a facturar, con destino a Plaza Santoña (sede de la Dirección General de la Vivienda), un documento en el que el suelo que circunda la Bahía de Portmán es estrictamente urbanizable. Pero la cosa no acaba aquí, y la actitud díscola de los ediles unionenses se extiende a su propio partido. Efectivamente, hace unos días, 13 Alcaldes socialistas, respaldados por Saura y Rosique, aseguraban que en sus municipios destinarían a vivienda protegida el 30% del suelo urbanizable. Es más: en La Opinión del pasado 4 de Octubre consta que los dirigentes del PSOE habían pedido a Sanes que el 30% de los desarrollos urbanísticos del municipio lo fuesen para vivienda protegida. El Alcalde sólo tenía que cambiar el porcentaje del 10% que reza en los documentos del Plan que hacen referencia a las cesiones a tal fin, por el del 30%. No lo hizo. Si planteo en estas páginas esta cuestión es porque considero que trasciende el ámbito meramente local en el que se desenvuelve, y nos remite a comportamientos políticos en el seno del PSOE que están desconcertando a la izquierda regional y a todos aquellos sectores sociales que ven en las próximas elecciones autonómicas una oportunidad para desembarazarse del modelo depredador, con reminiscencias marbellíes, que impera en el urbanismo y en la política regionales.

Efectivamente, la actual dirección regional del PSOE marcó un cierto distanciamiento con determinadas prácticas urbanísticas de algunos de sus primeros ediles, llegando a la desautorización expresa del ex alcalde de Lorca. Pero hete aquí que el sucesor de Miguel Navarro mantiene intacta la política urbanística de éste, con los 60 convenios urbanísticos incluidos, sin que la ejecutiva de su partido rechiste. Tenemos, por otra parte, las furibundas diatribas de Teresa Rosique (con seguridad cargadas de razón) contra actuaciones urbanísticas auspiciadas o consentidas por el PP, pero esta brillante diputada y portavoz de su grupo en la Asamblea Regional no parece identificar geográficamente la Marina de Cope, a pesar de su cercanía con otro espacio que ella cita (y con razón, repito) sin parar: la Zerrichera. ¿A qué estamos jugando, pues? Todo indica que el juego vendría a ser el siguiente: la dirección del PSOE, consciente de ese hartazgo en buena parte de la opinión pública por la dictadura (y corruptelas) del ladrillo, se aviene a realizar una serie de gestos encaminados a reconciliarse con esa sociedad urbana y cultivada, progresista, que abomina de la devastación de los espacios naturales por parte de los amos de la pala y de esa obsesión por identificar progreso con miles y miles de viviendas esparcidas por doquier. Así que hacen caer a un par de Alcaldes, se fotografían todos juntos defendiendo el 30% para vivienda protegida y la mencionada diputada sigue prodigándose en denuncias contra los especuladores y los siervos de Roca en la región. Pero ocurre que las ataduras de muchos Alcaldes y dirigentes socialistas con esa oligarquía del ladrillo que domina esta tierra y que está convirtiendo la democracia, con la inestimable ayuda del PP, en una caricatura burlesca, terminan imponiéndose en la práctica, en lo cotidiano, en las decisiones políticas concretas, poniendo al descubierto que aquellos gestos no son otra cosa que una penosa operación de publicidad engañosa, aunque algunos y algunas de quienes en ella participan lo hagan de buena fe e ignoren la farsa que están representando .

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