ATRACO Y SECUESTRO

Diego Jiménez.

Me voy a permitir, por una vez, ser más breve de lo que habitualmente soy en las consideraciones que voy a exponerles en mi columna. Pero también adecuar el contenido de mi exposición al título de ésta. En efecto, voy a hablar sin tapujos. Sin tapujos he de decir que, al igual en mi artículo anterior expresaba que no me gustaba nada el clima de permanente crispación de la vida política que se había instalado en España, lo mismo es de aplicación a lo que acontece en nuestro solar regional.

En este trozo de suelo patrio que el Estatuto de Autonomía denominó ‘Región de Murcia’ y que a mí, particularmente, me gusta definir como ‘Región Murciana’, definición más omnicomprensiva del amplio universo histórico, social, cultural y etnológico que la conforman, ha venido instalándose la cultura del ‘atraco’ a la ciudadanía. De atraco hay que calificar la venta del patrimonio de todas y todos, el bien más preciado que hemos de legar a las generaciones futuras, el suelo de la Región, a intereses particulares, disfrazando esa operación de términos como crecimiento y progreso. (Por desgracia, este paradigma desarrollista impregna por igual a alcaldes de uno y otro signo que han visto en la perniciosa figura de los ‘convenios urbanísticos’ la forma de abordar el sempiterno déficit de las cuentas de sus municipios.). Por atraco hay que entender que se hurte el agua de riego de nuestras huertas tradicionales para el lucro personal de unos cuantos ‘aguatenientes’ que logran, cual plañideras, hacer oír sus estentóreas reivindicaciones con el trasnochado discurso trasvasista del ‘Agua para todos’ impreso en pancartas sin fin en las puertas de nuestros consistorios. De atraco hablo cuando se basa buena parte de nuestra economía agrícola en la explotación de la mano de obra foránea, a la que se obliga a vivir en condiciones deplorables en casas que antes fueron y que ya no son (dense una vuelta, para corroborar mi aserto, por el paisaje agrícola del Campo de Cartagena). De atraco hay que calificar que se esté asistiendo a la desaparición del tejido industrial productivo tradicional (conservas, curtido, el mueble…) sin estimular e incentivar un desarrollo alternativo que no pase por el ladrillo y el cemento y el sector servicios como única salida. De atraco hablo cuando constatamos el nivel en el que están los salarios, la Educación, la Sanidad y la cultura en esta Región, a la cola del país. De atraco, el bajo nivel en I+D+i que se da en nuestra Región, en el ámbito público (la Universidad) y en el sector privado. De atraco hay que interpretar la condena al ostracismo y al silencio de cuantos nos oponemos a tal estado de cosas. De atraco. Y de secuestro.

Porque en esta Región se está procediendo, entre otras cuestiones, al secuestro de la ciudadanía. Los ciudadanos y ciudadanas de esta Región somos rehenes de empresarios y políticos que disfrazan sus prácticas con la retórica alusión al bien común. En esta democracia formal no hay apenas posibilidades de que los ciudadanos y ciudadanas se doten de de mecanismos de control. Las organizaciones sociales y ciudadanas tienen hoy difícil ejercer el necesario contrapeso a las decisiones que se adoptan en más altas esferas. Cuando alguien, a título particular,se atreve, puede ir al paro. El caso del director de esta publicación, Jesús Pons, es la constatación más palmaria de lo que afirmo. Cuando algún político honesto (y me consta, porque lo conozco, que Pepe Haro, concejal de IU en La Unión, lo es) osa alzar la voz para la denuncia del latrocinio, las descalificaciones, amenazas y el banquillo de los acusados le esperan. Situación que, además, es más sangrante cuando en las descalificaciones y amenazas se dan la mano los intereses empresariales y el primer edil de ese municipio.

Se secuestra a la ciudadanía cuando los medios de comunicación distorsionan interesadamente la realidad y manipulan la información al servicio de inconfesados (pero no por ello menos conocidos) intereses. Y cuando el Gobiernoregional transfiere la gestión de las futuras televisiones digitales terrenas al ‘lobby’ del ladrillo y a periodistas y grupos mediáticos de dudosa reputación democrática, que pueden configurar, en virtud de las generosas licencias de televisión local que les han sido adjudicadas, poderosos grupos mediáticos de ámbito regional. Y, mientras tanto, emisoras locales y otras consolidadas, veteranas del espectro audiovisual local y regional, han quedado marginadas del proceso.

Afortunadamente, un sector de la sociedad civil está respondiendo. Plataformas ciudadanas como Murcia No se Vende yla Plataforma Ciudadana por la Democracia Informativa empiezan a cuestionar el ‘statu quo’. ¿Se oirán, por fin, sus voces?