LA GUARDIA CIVIL, CIVIL

Diego Jiménez.

En 1844, en el reinado de Isabel II, el mariscal de campo D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II duque de Ahumada, propuso al Gobierno la creación de una fuerza de infantería y caballería que pretendía atajar la gran inseguridad rural provocada por el bandolerismo y crear un Cuerpo nacional de mantenimiento del orden público. Nacía la Guardia Civil. Al día de hoy, este Cuerpo mantiene aún una anacrónica doble dependencia: del Ministerio del Interior, en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y medios, y del Ministerio de Defensa, en lo relativo a ascensos y misiones de carácter militar. La Guardia Civil sigue garantizando la seguridad de las zonas rurales del país, pero presta además otras misiones de carácter humanitario y social suficientemente conocidas: rescate marítimo y de alta montaña; asistencia humanitaria; vigilancia del tráfico y medioambiental (SEPRONA), control de aduanas…

Pero su nueva imagen, superadora de las misiones coercitivas y represoras que se le encomendaron en épocas pasadas, no va acompasada de los cambios que permitan considerar, hoy, a esta institución un cuerpo policial impregnado de los nuevos aires democráticos. Y en ello tiene mucho que ver el carácter militar que mantiene pero, también, la precariedad de efectivos. Según los datos que gentilmente me ha facilitado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en todo el Estado los hechos delictivos han aumentado, en los últimos 12 años, un 111%. Y si nos centramos en nuestra Región, en este periodo de tiempo se registra un 54,7% de incrementos de delitos y un 83,8% de faltas. Sin embargo, estamos a la cola del país en asistencia policial, con 17,42 policías/10.000 habitantes. Con esta sangrante realidad, la plantilla actual del Cuerpo en la Región no supera los 1300 guardias civiles, de los que únicamente 1166 son de la escala básica, pues 35 son jefes y 99, suboficiales. Y para seguridad ciudadana, sólo hay, en realidad, 547 guardias civiles, cifra que, con las bajas, queda reducida a 375. Las plantillas de los diferentes puestos rurales son las mismas desde hace 20 años, y, además, hay 38 puestos de la Guardia Civil que no tienen disponibilidad real durante las 24 horas del día. Localidades rurales tan importantes como Caravaca, Fuente Álamo, El Algar y Cabo de Palos soportan una carencia importante de efectivos, con la evidente repercusión en la seguridad ciudadana.

La asfixiante situación de escasez de plantillas, el carácter militarista del cuerpo y otras situaciones están detrás de las 69 bajas por depresión registradas en Murcia en 2004, y 80, en 2005, según fuentes de la AUGC. El suicidio de un sargento de 41 años, en La Rioja, casado y con dos hijas, el pasado día 25, no merece, al parecer, grandes titulares de prensa. Pero está ahí. Es un drama humano que se sigue viviendo en los cuarteles. En unas indignas y anacrónicas casas-cuartel en donde elevar la voz a un superior puede llevar a un guardia civil a la cárcel, pues se le aplica el Código de Justicia Militar.

AUGC exige, en síntesis, para democratizar el Cuerpo y para prestar un mejor servicio público policial: desmilitarización del Cuerpo y desvinculación del Ministerio de Defensa y, por consiguiente, normativa civil y no militar en su reglamento disciplinario; homologación de su formación con el Cuerpo Nacional de Policía, incluyendo las retribuciones; democratización y reconocimiento de sus derechos fundamentales; equiparación laboral de la mujer y aumento de su porcentaje en la plantilla; cese del arbitrario reparto de la productividad entre las escalas de mando; vacaciones homologables al resto del funcionariado; coordinación real y efectiva con el resto de cuerpos policiales; incorporación al cuerpo de los agentes expulsados por realización de actividades sindicales o asociativas y sobreseimiento de los expedientes disciplinarios, etc.

El pasado día 22 de abril, ante el silencio del actual gobierno del PSOE sobre sus demandas, se registró en Madrid la primera movilización de guardias civiles habida en la democracia. Porque una sociedad democrática exige una Guardia Civil, civil.