Enamorados de Bolkestein 

El próximo 14 de febrero el Parlamento Europeo, siguiendo la iniciativa legislativa del anterior comisario europeo Frits Bolkestein, pretende aprobar un proyecto de directiva relativo a la libre circulación de los servicios en la UE, según denuncia ATTAC, que lleva meses alertándonos de lo que se nos viene encima. La Cumbre Intergubernamental de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebrada en el año 2000 en Lisboa, adoptó una estrategia tendente a hacer de Europa la economía más competitiva del mundo. Ante la progresiva libertad de circulación de capitales, personas y mercancías, sólo el campo de los servicios (que corresponde a más 65% del PIB europeo) está todavía sujeto a restricciones nacionales importantes. Así pues, con la Agenda de Lisboa se permite, de facto, a la Comisión Europea proceder a una liberalización casi total de los servicios. Con la publicación en enero de 2004 de su propuesta de Directiva sobre Servicios en el Mercado Interior, la Comisión Europealanza su más radical y completo ataque contra lo que queda del estado del bienestar en la UE. La propuesta de Directiva Bolkenstein afecta esencialmente tanto a servicios privados como públicos. Para estos últimos se exige el pago de tasas. Los únicos excluidos son los que corresponden al núcleo de soberanía del Estado (ejército, policía, administración de justicia, etc.).La Directiva trata de eliminar gradualmente las restricciones nacionales y socava sistemáticamente las leyes de cada Estado por medio del llamado principio del ‘país de origen’, según el cual las empresas de servicios en la UE tendrán que obedecer solamente a los requisitos del país donde radique su sede social. En el futuro, cualquier empresa podrá evitar pesadas restricciones nacionales, reinstalando su sede social en otro país o estableciendo simplemente una oficina fantasma en otro Estado miembro. Así, por ejemplo, si una empresa alemana traslada su sede social a Polonia e invierte en España, si decide despedir en nuestro país a trabajadores polacos (o de otro Estado miembro, o incluso de fuera de la UE, pero contratados en Polonia), no tendrá que solicitar el visto bueno de las autoridades españolas, puesto que la legislación polaca lo autoriza, siendo además los salarios y las condiciones de trabajo los del país de origen. De este modo se podrán sortear fácilmente y sin costos los convenios colectivos locales relativos al sueldo, los requisitos relativos a las calificaciones y los estándares de salud, seguridad, protección del medio ambiente o del consumidor. La aprobación de la Directiva provocará sin duda una avalancha de reubicaciones de empresas en la UE. Las pequeñas y medianas se unirán también al éxodo masivo encabezado por las grandes compañías hacia las localizaciones más favorables. Con ello se cierra definitivamente el paso a un camino progresivo de armonización fiscal y social uniforme para toda la UE. Como preconizaba el paralizado Tratado Constitucional, se esperaque el mercado sea el único factor armonizador. La competencia feroz seráuna regla en todas partes. Los servicios públicos sufrirán cada vez más presión para someterse a las reglas de la competencia y ser privatizados, al quedar los Estados privados del derecho a tomar decisiones políticas relativas a la educación, sanidad, cultura y al derecho de libre acceso universal a los servicios. El principio del país de origen provocará el desmantelamiento del mercado laboral. Asimismo, empresas españolas "fantasma", cuya sede social se traslade a países del Este, podrán afectar los derechos sociales de los trabajadores residentes en España. De este modo, la Directiva está completando también el desmantelamiento delos logros sociales y democráticos conseguidos durante los últimos 200 años. El próximo 14 de febrero, pues, Día de San Valentín, el Parlamento Europeo puede consolidar su compromiso con la Directiva Bolkestein, que afectaría a los 25 Estados miembros de la UE. Esperemos que la sociedad civil europea aúne esfuerzos para intentar no consolidar ese matrimonio. Diego Jiménez