IURM EXIGE QUE NO SE PERMITA LA REAPERTURA DEL TOPACIO

Esta mañana se ha presentado en el registro del Ayuntamiento de Molina de Segura un escrito, firmado por el gerente de la empresa propietaria del conocido club Topacio, donde se amenaza con efectuar esta noche la reapertura del club, que fue cerrado en virtud del acuerdo de la Junta Municipal de Gobierno de 11 de julio.

No existe ninguna nueva disposición judicial que anule el acuerdo que permite al Ayuntamiento efectuar el cierre. Muy al contrario, la orden fue confirmada el mismo mes por un Auto del Juzgado Nº 6 de lo Contencioso Administrativo, y posteriormente, en enero de este año, por una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo que confirmó que no había lugar a la suspensión de la orden de cierre adoptada por el Ayuntamiento. En estas condiciones, abrir el Topacio significaría, además del incumplimiento de una orden municipal, un acto de desobediencia a la autoridad judicial.

Sin ninguna duda, este anuncio de los propietarios del Topacio supone un desafío contra la ley, la autoridad del estado y la sociedad en su conjunto. Todavía resuenan en nuestros oídos las palabras del famoso "Informe Topacio", elaborado por miembros de la Policía Nacional, y que nos hablaba de "caravanas de esclavas sexuales" y "delitos relativos a la corrupción de menores". Recordamos también la tragedia que sufren las personas que son explotadas sexualmente. Y no olvidamos las amenazas a las que distintos miembros de la corporación municipal fueron sometidos por defender los derechos humanos más elementales.

Desde IURM exigimos al Ayuntamiento que haga cumplir la orden de cierre a través de todos los medios permitidos por la ley, para lo cual instamos a la Delegación del Gobierno a que preste toda la colaboración de los cuerpos de seguridad del Estado a las fuerzas locales de seguridad.

Una vez más, queremos subrayar que lo más importante para IURM son las víctimas, por lo que instamos a la Delegación del Gobierno y a la Administración Regional para que se comprometan con la protección de las víctimas de las redes mafiosas. En concreto, exigimos permisos de residencia y el estatuto de testigos protegidos para todas las mujeres que puedan haber sido víctimas de la explotación sexual en el Topacio, cuyos testimonios serán vitales para que los culpables puedan ser condenados por la justicia. Al Gobierno Regional le exigimos programas específicos de inserción social para las víctimas.