Concejal de IU amenazado por PEINSA

Con fecha 8 de Septiembre de 2005 recibo escrito de la entidad J.A.Martínez Moya Abogados, en nombre y representación de la mercantil PEINSA S.L. 97. Conforme avanzaba en la lectura de la carta, mi estupefacción se incrementaba por momentos. Estupefacción que progresivamente deviene indignación. Indignación por cuanto me parecía estar asistiendo a las amenazas de alguien que se cree con la fuerza suficiente como para cercenar el derecho de una persona a manifestar libremente sus opiniones sobre un documento concreto, sobre todo cuando esta persona es un representante político legitimado y respaldado por las urnas. Deduje que los abogados que representan a la inmobiliaria PEINSA poseían, sin duda, ingentes conocimientos de derecho mercantil y de todo aquello que se relaciona con las operaciones inmobiliarias, pero que ignoraban que en este país existe una Constitución que ampara la libertad de expresión y el derecho a la crítica política, sobre todo cuando ésta se ejerce por cargos electos en el ejercicio de sus funciones. Parece, en fin, que estos letrados están algo verdes en todo aquello que atañe al ejercicio de los derechos y libertades. Al fin y al cabo, estos conocimientos no les son necesarios para defender a promotoras e inmobiliarias.

Porque no cabe en cabeza sensata que calificar un Convenio Urbanístico de operación especulativa, de pelotazo, y de ilegal, pueda ser considerado por alguien punible penalmente. Esas calificaciones se inscriben en una opinión fundamentada políticamente y expresada en términos críticos, como casi a diario se está haciendo en prácticamente todos los rincones de la geografía española cuando de valorar Convenios Urbanísticos se trata. Quienes con éstos están disconformes, suelen utilizar casi exactamente los mismos términos que los que en el caso que nos ocupa se referencian y que, según PEINSAy abogados, han de ser objeto de castigo penal. Tan sólo desde la más absoluta ignorancia o desde la mala fe se puede exigir a alguien que se retracte del ejercicio de una crítica política. Quizá la cuestión se limite a un mínimo de formación democrática. Pero analicemos por partes aquellas afirmaciones que según los abogados de PEINSA constituyen imputaciones falsas merecedoras de castigo penal:

Las alturas de la urbanización Ribera Golf. A este respecto, tengo que decirles que me asiste la libertad de apreciar que, en efecto, esa urbanización está sobrepasando las 3 plantas y 10 metros de altura preceptivos. Y esa libertad de apreciar este hecho lleva aparejada la de expresarlo libremente, en mi condición de concejal y cargo público, en los medios de información. Respecto del hecho en sí, basta con observar la construcción para apreciar que se otorga edificabilidad por encima de la última planta permitida.
Respecto de la afirmación en relación al Convenio Urbanístico de ‘ilegalidades, pelotazos, amiguismos y especulaciones’ , han de aclarar que esta expresión la utiliza, según La Verdad de 25 de Agosto, el equipo de gobierno, en respuesta a intervenciones en el Pleno celebrado el 24 que no son de este concejal (véase el Acta de la sesión plenaria). No obstante, me reafirmo en que este Convenio encubre una operación especulativa de grandes dimensiones (un ‘pelotazo’, en el argot popular), ya que el Ayuntamiento paga la Casa del Piñón con su 10% del aprovechamiento de los terrenos recalificados, por lo que hemos de convenir que el aprovechamiento o las plusvalías del 90% restante no obtienen compensación por parte de PEINSA. Igualmente me ratifico en la ilegalidad de un Convenio que por no llevar no lleva ni el Informe del Interventor, ni la autorización de la CCAA por tratarse de una permuta cuyo valor excede el 25% de los recursos ordinarios del municipio. Ustedes podrán aducir que esto es falso, pero en cualquier caso estamos en el terreno de lo OPINABLE, es decir, de la valoración que hacemos (acertada ó equivocada) de un documento. Dicho de otra manera, ¿ creen ustedes que alguien debe ser multado ó encarcelado por asegurar que un Convenio Urbanístico es ilegal porque le faltan permisos einformes, y que además encubre una operación especulativa de muchos millones? Si responden que sí, y así es a tenor del escrito que me han presentado, ustedes tienen un problema de convivencia en el seno de una sociedad democrática. Por cierto, la acusación de amiguismo, que no tendría mayor gravedad, no la utiliza este concejal en ninguno de los recortes de prensa mencionados ni en el Acta plenaria de 24 de Agosto.
El colmo del dislate es la criminalización que se hace de la valoración de las plusvalías, cuando el abajo firmante considera que se dan plusvalías de 42 millones de euros no compensadas por PEINSA. Este número resulta de calcular las plusvalías del 90 % de aprovechamiento de los terrenos recalificados. Y otra vez reitero: podemos estar en desacuerdo con el cálculo, calificarlo de disparate, ridiculizarlo si se quiere, pero pedir el castigo penal de quien lo formula revela una escasa salud democrática de quien hace esa petición.

Concluyendo: Sres de Peinsa y abogados, la época en la que determinados señores que dominaban la vida de los pueblos, los caciques, imponían silencio a quien no compartiera sus criterios y puntos de vista, está definitivamente superada. Ningún poder económico puede coartar la libertad de expresión de los cargos públicos. Ningún tribunal de esta democracia va a considerar que criticar actuaciones urbanísticas de una inmobiliaria o censurar un convenio urbanístico por lesivo al interés general son figuras constitutivas de delito. Porque no se está imputando la comisión de un delito a Peinsa. Se está valorando un Convenio que es, en lo fundamental, una decisión política de una Administración (Ayuntamiento), y por tanto sí entra de lleno en el ‘lenguaje de la disputa política’ (empleando sus propios términos). Y al igual que en el escrito que ustedes me remiten hacen una valoración positiva del Convenio, otros tenemos el derecho a expresar una opinión negativa. Por tanto, no tenemos que ‘probar’ unas supuestas imputaciones que nunca se hicieron, ya que valoramos políticamente hechos tangibles (recalificación, edificabilidad, existencia o no de informes, etc) protagonizados por la Administración, aunque en concurrencia con otros actores. Finalmente, he de comunicarles que los servicios jurídicos de IU están estudiando el contenido de la carta por ustedes remitida por si del mismo se desprendiera un intento de coacción para impedir el ejercicio de la libertad de expresión de un cargo público en el ejercicio de sus funciones.

José Haro Hernández amenazado por PEINSA debido a sus declaraciones acerca de la especulación y los pelotazos urbanísticos.