El Tribunal Supremo ha confirmado la paralización de la Ciudad del Golf, la urbanización proyectada por el presidente del FC Cartagena, Francisco Gómez, en la localidad de Las Navas del Marqués (Ávila).
En septiembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León paralizó las obras y anuló la recalificación del terreno como suelo urbanizable por tratarse de una zona de especial protección para las aves (ZEPA), propuesta además como Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Ahora, el Alto Tribunal ratifica esta sentencia y desestima los recursos de casación que presentaron el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y la promotora, Residencial Aguas Nuevas. Francisco Gómez pretendía levantar en este lugar 1.600 chalés, dos hoteles y un campo de golf. Previamente, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués había declarado suelo urbano la zona. El TSJ de Castilla y León anuló la recalificación, y tanto el Consistorio como la promotora consideraron que el tribunal autonómico incurría en «abuso o exceso» al decidir sobre cuestiones que a su juicio son competencia municipal, autora del planeamiento urbanístico.
Sin embargo, el Supremo recuerda en su sentencia que «la clasificación como suelo urbanizable delimitado de los terrenos de la Ciudad del Golf es contraria a la normativa aplicable».
El Alto Tribunal subraya que el terreno no sólo forma parte de una ZEPA, sino que se encuentra en una Zona de Importancia de la Cigüeña Negra, además de presentar un alto valor medioambiental, paisajístico y ecológico.
El Tribunal Supremo, además de desestimar los recursos de casación, ha impuesto las costas del mismo (6.000 euros) a los tres recurrentes. 4.000 árboles talados Por otra parte, la vía penal en el caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués sigue abierta, a raíz de la denuncia presentada por las organizaciones ecologistas Centaurea, WWF/Adena, SEO Birdlife, Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Cantueso y Grama y por el sindicato Comisiones Obreras, con declaraciones de imputados y testigos ante el Tribunal de Instrucción número 2 de Ávila. Los ecologistas denunciaron en 2006 que, pese a la sentencia del TSJ de Castilla y León, la promotora de Francisco Gómez prosiguió con la tala «indiscriminada» de árboles en la zona, hasta el punto de que más de 4.000 árboles fueron abatidos «en un paraje que forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea».
La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia inició una investigación. Pese a la enorme polémica que siempre ha suscitado el proyecto, la Junta de Castilla y León lo ha defendido a capa y espada, hasta el punto de acudir al Supremo en su ayuda.
Pero el Alto Tribunal no duda en recriminar al Gobierno autonómico que su recurso de casación «carece de toda consistencia», pues las razones en las que se fundamenta «un pronunciamiento de nulidad, no se escogen en función de que las consecuencias que se deriven sean más o menos gravosas, sino atendiendo a la relevancia invalidante de los motivos de impugnación que han sido objeto de debate».
