Para salvar a los ricos, hunden las economías

Juan Torres López

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha tomado por fin las medidas que seguramente nunca quiso tomar y ahora caen sobre él todo tipo de críticas. Solo recibe parabienes de los banqueros y de los poderosos que controlan los organismos internacionales y del poder ejecutivo de la Unión Europea, cada vez más parecida a un lobby de los ricos que a una institución al servicio de la libertad, la pluralidad y la democracia.

Creo que las medidas que ha tomado el Gobierno son criticables pero que es necesario contextualizarlas adecuadamente, porque no me parece justo ni riguroso que caiga sobre él todo el peso de la responsabilidad por lo que está sucediendo en nuestra economía. No es verdad, por ejemplo, que sea prioritario combatir ahora el déficit porque se haya alcanzado un nivel peligroso de deuda, puesto que el aumento que se está produciendo está todavía dentro de lo que se puede considerar plenamente aceptable. Lo principal, por el contrario, es recuperar cuanto antes la actividad, el empleo y los ingresos porque la deuda se ha generado justamente porque estos se han reducido a causa de la crisis. Tampoco es verdad que haya que reducir ahora el déficit porque el gobierno haya despilfarrado gasto, como se dice desde la derecha más demagógica.

Este gobierno administró los presupuestos públicos con superávit (incluso innecesariamente a la vista del retraso en bienestar y capital social que sufrimos desde hace decenios y a diferencia de lo que están haciendo administraciones municipales o autonómicas gobernadas por la derecha). El gran incremento del déficit se produjo cuando la banca internacional provocó una crisis sin parangón que hundió las economías de casi todos los países del mundo. Una crisis que en España se llevó también por delante un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que en esta última etapa de expansión había sido puesto en pie y alimentado inicialmente por el Gobierno del Partido Popular.

El Gobierno español, como tantos otros, no se ha endeudado caprichosamente, sino para salvar a los bancos y para evitar el colapso de las economías, algo que no se hubiera tenido que hacer si quienes ahora piden reducir el déficit hubieran actuado de otra manera en los últimos años: si la banca no hubiese sido tan irresponsable, si los bancos centrales no hubieran actuado como sus cómplices, y si la Unión Europea y el resto de los organismos internacionales se hubieran dedicado a imponer en los últimos años más coordinación política y políticas de estabilidad y bienestar social en lugar de limitarse a facilitar la libertad de actuación y movimiento de los capitales especulativos.

Dicho esto, y sabiendo que la reducción del gasto público ha sido impuesta por el Fondo Monetario, por el ejecutivo de la Unión Europea y en realidad por los grandes poderes financieros, como el propio presidente reconoció implícitamente en algún momento de su intervención en el parlamento, creo que hay que señalar algunas cuestiones esenciales para poder entender lo que está sucediendo.

La principal es que las propuestas que se hacen no buscan de verdad reducir la deuda del estado español. Hay que ser consciente de que la emisión de deuda pública y privada es el negocio de los banqueros y que son ellos quienes tratan de crearla constantemente por todos los medios. Por eso lograron que se estableciera la prohibición de que los bancos centrales financien en casos como este a los gobiernos. Hay que decirlo claro: lo que buscan los bancos es que los individuos, las empresas y los gobiernos tengamos sobre nuestras espaldas cada vez más deuda. Lo diabólico del caso es que gracias a la deuda que ahora han de emitir los gobiernos para hacer frente al desaguisado provocado por la banca y los grandes financieros, éstos ganan ahora miles de millones de euros: reciben liquidez al 1% de los bancos centrales y la invierten en deuda pública al 5% o incluso al 10% si logran, como en Grecia, que las agencias de calificación que trabajan a su servicio digan que es de baja calidad.

De hecho, el recorte del gasto que se propone no va a reducir la deuda de modo efectivo (y mucho menos satisfactorio socialmente) porque va a deteriorar la capacidad de crear actividad e ingresos de la economía española: limitar la inversión en infraestructuras simplemente significa disminuir el negocio de las empresas que la llevan a cabo, reducir los sueldos o las pensiones es contener el consumo del que salen los ingresos de miles de pequeñas y medianas empresas. Valga como prueba de ello el caso del cheque bebé que va a suprimirse. Sin entrar en consideración de su carácter más o menos equitativo y sobre sus efectos negativos sobre la incorporación al empleo de las mujeres, lo cierto es que pone en manos de las familias una cantidad global de dinero bastante importante que éstas dedican al consumo. Un estudio reciente de Libertad González de la Universidad Pompeu Fabra (“The Effects of a Universal Child Benefit: A Regression Discontinuity Approach”) pone de manifiesto que ha sido utilizado por las familias principalmente para aumentar el gasto en equipamiento del hogar y más concretamente en electrodomésticos.

Eso creo que demuestra muy gráficamente que las medidas impuestas al gobierno con la excusa de reducir el déficit son pan para hoy y hambre para mañana, porque redundarán en una nueva caída de la actividad y de la tasa de crecimiento y casi con toda seguridad van a significar que la economía española vuelva a entrar en recesión cuando comiencen a aplicarse.

Y al caer la actividad lo que ocurrirá será que disminuirán los ingresos de las empresas y de las familias, de modo que o se recurre más tarde de nuevo al endeudamiento o se da por bueno que la economía se deteriore constantemente.

Es verdad que ningún país puede soportar que su deuda crezca ilimitadamente, pero antes de entrar a limitar la actividad y a frenar la recuperación de economía española hubiera sido necesario plantear algunas consideraciones importantes.

La primera, como he dicho, que la deuda es odiosa en el sentido de que ha sido obligada por la especulación financiera con la que se han enriquecido, y lo siguen haciendo, banqueros e inversores cuyos nombres son bien conocidos y a quienes ahora no se les pide esfuerzo alguno para aliviar la situación que han provocado.

La segunda, que para frenar el crecimiento de la deuda la medida más eficaz es actuar sobre la causa que en realidad lo está generando, y que no es otra que la falta de ingresos productivos en la economía. Reducir los únicos que están consiguiendo relanzar la actividad y no hacer nada para garantizar que la financiación vuelva a las empresas y a los consumidores es una barbaridad, justamente lo contrario de lo que hay que hacer para que la economía vuelva a funcionar al mejor ritmo posible.

La tercera, que para ser mucho más eficaces e intervenir sobre la raíz del problema habría que actuar sobre lo que incentiva la creación de deuda financiada por la banca privada y sobre lo que la encarece constantemente: permitiendo que fueran los bancos centrales quienes la financiaran a mucho menor coste, evitando que la emisión de deuda sea un negocio para los bancos y los financieros privados, prohibiendo la actuación de las corruptas agencias de calificación, y frenando radicalmente el “terrorismo financiero” que denunció hace unos días el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

La cuarta, que para reducir el déficit no se puede actuar solo sobre el gasto. Es irracional limitar la fuente de ingresos productivos cuando lo que se requiere es precisamente generar ingresos y cuando al mismo tiempo existen recursos ociosos o dedicados a generar los problemas que se quiere combatir. Por eso es más justo y sería mucho más eficaz tratar de incrementar los ingresos públicos combatiendo el fraude y la evasión fiscal y haciendo que quienes han obtenido y obtienen ganancias extraordinarias contribuyan fiscalmente. Es sencillamente repugnante que la reducción del déficit la paguen las personas con menos rentas mientras que los bancos y las cajas españoles siguen actuando en paraísos fiscales, blanqueando capitales, y ganando miles de millones de euros gracias a las ayudas material de todos los ciudadanos y al apoyo legal del Estado.

La medida que se le ha impuesto al gobierno español no busca sanear nuestra economía. Es una expresión más de las llamadas políticas deflacionistas de los últimos decenios que tienen en realidad otro objetivo: limitar la actuación y la capacidad de decisión de los poderes públicos para que los grandes intereses privados actúen más fácilmente y puedan ganar dinero más cómodamente. No les preocupa que no se recupere el empleo o que bajen ingresos de la población porque saben que es cuando esto ocurre cuando hay menos capacidad de respuesta social. Buscan lo que han conseguido: que el gobierno que representa a todos los españoles (le guste o no a la derecha) se ponga de rodillas y se doblegue ante los poderes financieros. Enseguida dirán que las medidas ahora aprobadas son insuficientes y que hay que ir más lejos: todos los chantajes funcionan igual. Más tarde irán contra los sindicatos y los partidos porque lo fundamental para ellos no es que los niveles de deuda bajen (todo lo contrario mientras sean ellos quienes la financien) sino concentrar en sus manos el máximo poder de decisión. Dicen que van a sanear la economía pero lo que quieren es salvar a los bancos y a los poderosos y para ello no les importa hundirlas una vez más.

El gran error de la ciudadanía sería enfrentarse ahora al Gobierno de Rodríguez Zapatero (como quieren el Partido Popular y la patronal) y no hacerlo con lo poderosos. Aunque para que ese error no se produzca sería necesario que el partido socialista no se clone con ellos, que hable mucho más claro a los ciudadanos y se ponga cuanto antes a la tarea.

http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=2354

Un ajuste que no toque el gasto social sí es posible

Economistas de izquierdas plantean posibilidades de recorte para evitar la congelación de las pensiones o la rebaja del salario de los funcionarios anunciadas por Zapatero

ANA TUDELA / PILAR BLÁZQUEZ MADRID 16/05/2010 08:00 Actualizado: 16/05/2010 09:34

12 de mayo de 2010. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anuncia al país que no queda otra que meter la tijera al gasto social. La Unión Económica y Monetaria, ese fortín de estabilidad con el que Europa sueñadesde que Nixon hundió el sistema monetario mundial de Bretton Woods (1971), se tambalea.

La descoordinación de los presupuestos de los países miembros, algunos como España con el déficit desbocado, descubre una Europa incapaz de impedir que los mercados tumben al euro . Hay que reducir el déficit y la única forma de ser contundente y convencer, asegura el Gobierno, es cortar hasta llegar a la carne (pensionistas, funcionarios, dependencia...). Ya no sirve con ceñir el traje. ¿Seguro?

Un grupo de economistas contrarios al capitalismo liberal consultados por Público han encontrado en 48 horas zonas donde ajustar el presupuesto para, si no evitar todas las medidas anunciadas, sí las más dolorosas.

En una situación de emergencia como la que obliga al Ejecutivo a pedir los sacrificios que pide, es posible otro ajuste que tenga el efecto inmediato que exige Europa, aseguran. Porque, aunque la verdadera solución, según dichos expertos, pasa por una reforma fiscal que afecte a las rentas más altas, los grandes patrimonios y las empresas con más beneficio, esos cambios no tendrían efecto hasta 2012

El gasto militar es una de las partidas que permite un mayor ajuste

Uno de los recortes más polémicos son los 1.500 millones de euros que va a ahorrarse el Estado congelando las pensiones en 2011, medida que no afectará a las mínimas ni a las no contributivas pero que rompe con 25 años de subidas e incumple una norma legal emanada del Pacto de Toledo.

Alberto Montero y Alfredo Serrano, profesores de Economía de la Universidad de Málaga y la Pablo Olavide de Sevilla, respectivamente, y miembros de la Fundación CEPS, encuentran un buen pellizco que arrancar al gasto militar . Retirando las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones) se lograría el mismo efecto sobre los presupuestos públicos que congelando las pensiones, comentan.

Si se recortan además los 1.400 millones previstos para inversión en armamento este año, añaden, tampoco sería necesario modificar el cómputo de las pensiones (ahorro de 500 millones) ni eliminar la retroactividad de las prestaciones para los dependientes (670 millones).

Arcadi Oliveres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, apunta también al gasto militar como la gran partida a recortar, y sugiere que se incluya el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (preveía 10.795 millones hasta 2024) y lo pendiente de los 1.353 millones para 24 helicópteros de combate Tigre .

El recorte de la inversión pública podría limitarse con el fondo de la banca

Otra alternativa propuesta por Montero y Serrano es la eliminación de las exenciones que se aplican a los premios de loterías, apuestas y sorteos, que permitiría un ingreso a las arcas públicas de 1.165 millones, suficientes para ahorrarse la mitad del tijeretazo al sueldo de los funcionarios este año (2.250 millones).

Josep González Calvet, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, añade la supresión de cargos de libre designación, asesores que los políticos designan a dedo. Según este profesor, en la Administración española (autonomías incluidas) hay unos 25.000 puestos de este tipo, de los que podrían suprimirse 20.000 "sin impacto laboral". Como el sueldo medio ronda los 4.000 euros al mes , supondría un ahorro de 1.120 millones al año.

Serrano y Montero descubren otras partidas que podrían contribuir al ajuste, como la eliminación de la casillade asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF, una anomalía del impuesto, ya que permite a un único colectivo la posibilidad de elegir el destino de parte de la recaudación.

Con su supresión se incrementarían en 250 millones los ingresos de libre asignación. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo.

Los economistas consultados están a favor del recorte farmacéutico (785 millones en dos años) a través de la adecuación de los envases a la duración estándar de los tratamientos y los fármacos unidosis. También defienden la supresión del cheque-bebé, que asignaba la misma ayuda a cualquier nivel de renta.

Más inversión, menos banca

Otra de las partidas más cuestionadas son los 6.045 millones que pretenden recortarse de la inversión pública entre 2010 y 2011. Con la economía saliendo a pedales de la recesión, todos los recortes del gasto público, que equivalen a restar dinero al Producto Interior Bruto (PIB), suponen jugársela a sufrir recaídas. Los más graves son los que afectan al empleo , como la inversión.

¿Cómo lograr suplir ese recorte? Montero, Serrano y la catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona Miren Etxezarreta no han tardado en fijarse en el fondo dotado para ayudar al sector financiero a salvarse de sus excesos en los años de la burbuja inmobiliaria.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) recibió, con cargo a los Presupuestos Generales de 2009, una partida de 6.750 millones. Acudir al Frob no es gratis, de hecho tiene un alto precio para las entidades (un 7,75% mínimo a devolver en cinco años), pero los expertos citados no consideran que las arcas públicas estén para soportar esa inversión ni las emisiones de deuda posteriores hasta llegar a una dotación prevista de 90.000 millones.

La cantidad ya dotada o parte podría recuperarse ahora que aún no ha sido utilizada (aunque algunas cajas en proceso de fusión ya han pedido parte) en lugar de mandar el eterno mensaje al sector financiero de que sus ganancias son privadas y sus pérdidas, socializadas.

Publico.es