Ecologistas en Acción denuncia con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, que este bien se ha convertido en una mercancía más también en el Estado español, a pesar de que se esta demostrando que la gestión privada empeora aún más las condiciones de acceso al agua a nivel mundial. En la cuenca del Segura se siguen planteando más estrategias de gestión de la oferta, que de reducción de la demanda.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el Día Mundial del Agua con el fin de incidir sobre la dramática falta de accesibilidad de agua para una gran parte de la población mundial. Sin embargo, no mencionan que las políticas internacionales del agua, en vez de solucionarlas, agravan la situación al promover la privatización.

La llamada “crisis del agua” ha facilitado que se considere este bien como una mercancía más. Las instituciones financieras como el Banco Mundial, organizaciones supranacionales como la Unión Europea y el Consejo Mundial del Agua, los estados y las corporaciones multinacionales de servicios, impulsan la privatización del agua.

Los procesos de privatización se han intentado justificar como un paso necesario para incrementar la eficacia del servicio o reducir el gasto público. Si centramos la mirada en el Estado español, vemos cómo la privatización del agua va avanzando. Las estrategias para la privatización del agua son muchas y depende de la situación local, iniciativas de coparticipación pública-privada en la gestión de muchos municipios, compra de terrenos donde existen concesiones de aguas subterráneas para agricultura a los que las empresas quieren cambiar su uso para campos de golf, instalación de desaladoras privadas por parte de constructoras, o la reciente venta de los derechos del agua de una comunidad de regantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo a otra del Segura. En la cuenca del Segura se siguen planteando más estrategias de gestión de la oferta (desalación, pozos de sequía) que de reducción de los consumos agrarios y urbano-turísticos, que son las medidas realmente eficaces a corto y largo plazo.

Ecologistas en Acción se pregunta si los responsables del equipo de Gobierno Municipal de Cartagena que han votado a favor de la macrourbanización en San Ginés de la jara, donde se construirán 6.500 viviendas y dos campos de golf, asumirán también la responsabilidad que surge de haber otorgado su autorización a pesar de no estar garantizado el abastecimiento de agua por parte del Organismo de Cuenca (CHS).   

En cuanto al abastecimiento urbano en general, las consecuencias de dejar en manos privadas la gestión de este servicio de primera necesidad, puede tener graves consecuencias. La competitividad del mercado no es tal cuando la gestión del agua está en dos grandes corporaciones. Esta situación se refleja en el Estado español donde dos grupos empresariales: Aguas de Barcelona y FCC –a través de Aqualia- controlan el 80% del negocio privado del agua. Se produce el debilitamiento de los organismos públicos responsables de regular y controlar la planificación de los servicios del agua por la subcontratación de los servicios y funciones. Los beneficios no se reinvierten en una mejora de la calidad del servicio o a cualquier otro fin de interés social. No se tienen en cuenta cuestiones medioambientales como la protección de las aguas subterráneas o de ecosistemas fluviales y cualquier política de ahorro, fundamental para un uso racional del agua en el Estado español, choca con los intereses de la empresa privada puesto que a mayor consumo mayores beneficios.

Por todo lo expuesto la privatización de los servicios del agua no obedece a ningún criterio de eficiencia o calidad, sino a incrementar el beneficio económico de las grandes empresas privadas. Ecologistas en Acción cree necesario frenar este proceso con un mayor conocimiento e información sobre el mismo, acompañado de un debate sobre los fundamentos teóricos y los resultados de las privatizaciones. Para ello va a iniciar una campaña de visibilización de la gestión privada en el Estado y las consecuencias sociales y ambientales que conlleva. A su vez, pretendemos difundir que la gestión pública puede ser eficaz, eficiente, equitativa y necesaria para promover políticas de ahorro. La gestión pública es una condición esencial para fomentar la participación ciudadana y con ello resolver los problemas del agua.