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Informe sobre el déficit hídrico en la Región
Medidas de ahorro, pero también actuaciones para la gestión de la demanda
Ante la sequía, urge la puesta en marcha de auditorías sobre regadíos ilegales y campos de golf, así como un freno a las macro urbanizaciones previstas
Según Guido Schmichdt, responsable del ‘Programa Agua' de la organización WWF/ Adena, España es el país que peor gestiona sus recursos hídricos de todo el mundo desarrollado. Para esta organización ecologista, la clave no está en la cantidad de embalses, el modelo de trasvases o el número de desaladoras, sino en una racionalización de la demanda. La prueba está en que nuestro país es el que posee más presas de todo el mundo (1200) y un mayor sistema de trasvases, y eso no ha solucionado los problemas del agua sino que los ha agravado. La cuestión, según Schmidt, es que las políticas del agua tienden a incrementar la demanda. Por ejemplo, cuando se inició el trasvase Tajo-Segura, todo el mundo creyó que el problema esta solucionado y, por el contrario, se duplicó la demanda. Más recientemente, el anuncio de la llegada al Levante español del agua del Ebro, disparó exponencialmente la superficie regable, con proliferación de roturaciones ilegales en la Región Murciana.
Otra cuestión clave para España, según Adena, es el despilfarro de agua en el sector agrario. En un informe que ha sido presentado en la Semana Mundial del Agua de la ONU, celebrada del 20 al 26 de agosto en Estocolmo, Adena denuncia cómo los ‘perversos subsidios agrarios' incrementan artificialmente el agua necesaria para regadío, “cuando las cosechas se cultivan no en función del mercado, sino de la disponibilidad de subsidios”. Según Adena, “el agua utilizada cada año en nuestro país para sobreproducción de maíz, algodón, arroz y alfalfa es el equivalente al consumo diario de más de 16 millones de españoles”.
La sequía en nuestra Región
En lo que respecta a nuestra Región, el modo que ha ideado el Gobierno de España para atesorar una reserva suficiente, aunque al día de hoy minúscula, en los embalses de cabecera del Tajo de Entrepeñas y Buendía que abastecen al litoral mediterráneo ha sido la compra de recursos a las comunidades de regantes, que este año han optado por ceder sus derechos, habida cuenta de que estos agricultores, en virtud de lo estipulado en la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, pueden cobrar sus subvenciones sin tan siquiera sembrar sus campos. Este es el caso, hasta el momento, de la comunidad de regantes de Estremera (Madrid), que ha cedido casi 32 hectómetros cúbicos al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, con casi 70.000 agricultores dispuestos a pagar la cantidad que se les pida para sacar adelante sus cultivos, de los más rentables del país.
En cuanto a los problemas para el suministro humano, la Comunidad de los Canales del Taibilla, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y que suministra agua a 79 municipios de Murcia, Alicante y Almería, también ha tenido que recurrir al exterior para evitar el cierre de los grifos de las casas, exigiendo 30 hectómetros cúbicos a la Confederación Hidrográfica del Júcar y comprando 1,3 hectómetros cúbicos a los arroceros de Hellín (Albacete), que, debido a la sequía, no han podido plantar su arroz. Otra medida de urgencia ha sido la recurrente explotación del valioso Sinclinal de Calasparra, que atesora aguas que deberían considerarse un recurso estratégico para la Región.
Empero, por paradójico que parezca, la sequía no ha impedido la b
uena cosecha de limón de este año aunque, por mor de las políticas agrarias de libre mercado que imperan en nuestra área comercial, los agricultores del limón han visto cómo la competencia exterior de terceros países (Turquía, Grecia y Argentina) ha sumido en una profunda crisis a este sector agrícola murciano. Aunque, lejos de suponer la falta de agua una irremediable pérdida del arbolado, como machaconamente se ha encargado de repetir una y otra vez Antonio Cerdá, consejero de Agricultura del Gobierno murciano, los efectos de la sequía en nuestra zona se ven en la disminución del tamaño (calibre) de nuestra fruta (albaricoques, ciruelas y melocotones). Pero la sequía es un drama real: los agricultores de Yéchar, de Lorca o de Jumilla la han sufrido este verano. Algunos ya dejaron de plantar hortalizas para regar los árboles e impedir que se sequen. Otros los han arrancado y esperan plantar arbolado de secano, pero con una rentabilidad menor, como el olivo.
Pérdidas en los sistemas de distribución
El recurso agua escasea, pero se asiste a un despilfarro evitable: el de las pérdidas en los sistemas de distribución. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró en un 17,8% la pérdida total de agua en la distribución de este recurso en todo el Estado. Según datos disponibles, esta cifra se dispara en lugares como la Comunidad Valenciana, donde no llega a su destino al 28,4% del agua. Según el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, “son redes de distribución muy antiguas, y a eso no se le da demasiada importancia”,
Las tuberías de la Región de Murcia (El Faro, 18-6-06) pierden casi una cuarta parte de lo que distribuyen. El INE sitúa a nuestra Región a la cola del país en lo referente a la calidad de nuestras tuberías, ya que la media española de pérdidas de agua se sitúa en un 21%. Sin embargo, estos datos del INE fueron calificados de ‘poco fiables' por fuentes del Gobierno regional murciano.
Ley regional de ahorro del agua
Gobierno que, sin duda aleccionado por las frecuentes alusiones de la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Cristina Narbona , a la escasa respuesta del ejecutivo con sede en San Esteban para abordar el déficit hídrico, ha puesto en marcha la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ley que, sin embargo, se muestra tardía (fue publicada en el BORM el pasado 9 de agosto) e insuficiente.
Para empezar, sorprende que en su articulado no se haga mención expresa al ahorro en el sector que más agua consume, la agricultura (sobre todo, ante la sobreexplotación de acuíferos y la proliferación de regadíos ilegales), dándose por válidas las actuaciones de algunas, muy pocas, comunidades de regantes para estimular la racionalización y el ahorro del consumo agrícola.
La ley establece mecanismos de ahorro de agua en las viviendas de nueva construcción y en locales de pública concurrencia (artículos 2 y 3), pero, en relación con las viviendas ya existentes, se dice: “Las modificaciones o reformas integrales que exijan la concesión de licencia de obra mayor han de contemplar, en el proyecto, la adecuación de las instalaciones de agua potable, con la inclusión de sistemas ahorradores de agua…” (art. 4.1). Es decir, sólo cuando se produzcan arreglos en las antiguas viviendas habrán de implantarse estos sistemas de ahorro. Por otra parte, sólo es potestativa y voluntaria (no preceptiva) la implantación de estos sistemas de ahorro en las antiguas viviendas (artículo 4.2.).
En relación al ahorro de agua en el consumo industrial, las medidas definitivas a adoptar se posponen a las indicaciones y control que ha de realizar el Ente Público del Agua (art.5.2.), sin proponer fechas concretas.
Sorprende, por lo demás, en una Región árida como la nuestra, la permisividad con el llenado de piscinas y la regeneración del agua de las mismas, si bien se dice que puede destinarse parte del agua del vaciado de éstas para otros usos, como limpieza, regadío u otros (art. 6).
En relación con los parques y jardines, se sigue con la obstinada política de permitir su expansión, se supone que con plantas que consumen bastante agua, sin hacer alusión a la introducción deseable de especie xerófilas, poco consumidoras de este recurso. Quedan, por lo demás, excluidas de estas recomendaciones de ahorro las instalaciones deportivas, sin duda por la presión de las constructoras de los ‘resort', que, como es sabido, llevan asociados a las viviendas los omnipresentes campos de golf (artículo 7).
Respecto a las pérdidas registradas en las redes de distribución, las recomendaciones de la ley son ambiguas e insuficientes, al no atajarse medidas drásticas e inmediatas. El artículo 9.3 estipula que “las redes de distribución deberán sectorizarse con el fin de estudiar pormenorizadamente las pérdidas por dichos sectores y realizar planes de eliminación de fugas”.
La Ley establece la constitución de un Consejo Asesor en materia de Ahorro y conservación de Agua, en el que, como nos esperábamos, están ausentes las organizaciones ecologistas (artículo 11.3).

Ecologistas en Acción va más allá
Ecologistas en Acción exige a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) el control de la demanda de agua con auditorías al regadío y a campos de golf que se abastecen irregularmente de aguas subterráneas y, en algunos casos, de las destinadas a regadío.
Basten unos ejemplos. IU de Cieza denunció hace unos días en la publicación ( www.enciezadigital.com ) que e l Plan General de Ordenación de Cieza prevé la construcción, en los próximos años, de 7 urbanizaciones y, al menos, 5 campos de golf. Todo esto supone la recalificación como urbanizables de unas dos mil hectáreas, de las cuales una importante cantidad es suelo agrícola. Terrenos agrícolas que, en muchos casos, en los últimos años, han recibido de diferentes administraciones públicas subvenciones millonarias para la modernización de regadíos. La mayoría de las nuevas urbanizaciones y campos de golf que el PGOM prevé están dentro del perímetro regable de la Comunidad de Regantes de Ascoy-Benís y Carrasquilla.
Esta comunidad, una de las más importantes de la comarca, y que cuenta con una superficie de riego reconocida por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cercana a las 4.000 hectáreas, comenzó a ejecutar entre los años 1999 y 2000 un Plan de Modernización de sus regadíos que ha supuesto una inversión superior a los 4.000 millones de pesetas, de los cuales al menos el 60% fue subvencionado por diferentes administraciones: el Fondo Europeo, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Agricultura.
A pesar de la importante inversión pública realizada para la modernización de unos regadíos dependientes de un acuífero sobreexplotado, ahora el PGOM prevé la construcción de varias urbanizaciones y campos de golf sobre esos terrenos. Complejos como la Urbanización Casa Grande , con 3.300 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos en una superficie de 206 hectáreas, está en su totalidad dentro del perímetro de riego mencionado. Pero no es el único caso. Los complejos turísticos de Casa del Olmo, El Quinto, La Carrasquilla o el promovido por Sarqui, junto al Club de Tenis, suponen, en mayor o menor medida, según el caso, la urbanización de terrenos incluidos en el perímetro de riego de la citada comunidad.
Pero hay más ejemplos. Según denuncia también de Izquierda Unida regional, el campo de golf de ‘Mosa Trajectum', en Baños y Mendigo, ha venido incumpliendo desde su inicio la Declaración de Impacto Ambiental, encontrándose durante meses la depuradora parada, entre otras cosas porque en la urbanización no vive prácticamente nadie, mientras que el campo de golf está en pleno rendimiento, regándose dos veces al día con agua de un pozo cercano, autorizado para uso agrícola y no recreativo .
El campo de golf de "El Saladillo"(Mazarrón) se riega con agua procedente de las zonas del trasvase Tajo-Segura, a través de un complejo sistema de tuberías que, de modo ilegal, sustraen caudales destinados a la agricultura, acabando finalmente en una balsa a la que también van los caudales de la depuradora de la urbanización, en la que apenas viven cinco mil personas por lo que los caudales depurados no alcanzarían jamás los necesarios para mantener el mencionado campo de golf. Además como en tantos otros casos, estas instalaciones empezaron a funcionar mucho antes de que se procediera a someter a estudio el impacto ambiental del mismo.
Las instalaciones de ‘Altorreal' en Molina de Segura se riegan con agua de pozos. Este verano se ha estado regando con agua de la red de abastecimiento urbano.
El nuevo campo de golf de ‘Torre del Rame' en Los Alcázares, ha puesto en marcha el sistema de riego sin que todavía se haya iniciado la construcción de viviendas en la zona, por lo que es imposible que reciba agua depurada . Ninguno de los campos de golf de nuestra región se está regando con aguas depuradas, ya que nunca los caudales depurados podrían llegar a cubrir las necesidades de agua que unas instalaciones de este tipo requieren. Pero, además, las Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas por la Consejería de Industria y Medio Ambiente están supeditadas a la obtención de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para que un campo de golf pueda ser regado con las aguas procedentes de la depuradora, algo que resulta incompatible con la normativa vigente en materia de aguas, en la que los usos recreativos, entre los cuales se incluyen los campos de golf, son los que menor prioridad tienen para el otorgamiento de concesiones. Por tanto, sólo cuando el resto de usos estén debidamente atendidos, y en particular, el abastecimiento a población y los usos agrarios e industriales, cabría otorgar concesiones de agua a usos recreativos como los campos de golf.
Ante situaciones como la descrita, Ecologistas exige al Gobierno regional que frene el crecimiento urbanístico, que duplicará el déficit hídrico. Además, emplazan a la CHS a que su lucha contra la sequía “no se reduzca a medidas de incremento de la oferta”, como es el caso de la explotación del valioso Sinclinal de Calasparra, sino que se opte por un ”riguroso control de la demanda”, eliminando todos los usos ilegales del agua, en regadíos, campos de golf o en el sector urbanístico. Ecologistas en Acción, además, califica de “tremenda irresponsabilidad” la actuación del Gobierno regional al fomentar un “crecimiento urbanístico que agravará hasta extremos insospechados la ya de por sí crítica situación de escasez hídrica y de conflictos por el agua, en un escenario de crecientes problemas del trasvase Tajo.Segura, agotamiento de los acuíferos y las limitaciones de la desalación marina como solución generalizada a gran escala”, contando, además, con las actuales previsiones del cambio climático.
Ecologistas reitera, pues, que esta gravísima situación de escasez del recurso agua “no podrá solucionarse sólo con las medidas individuales de ahorro doméstico, sino que se necesita un inmediato freno a la escalada urbanística y un riguroso control y eliminación de los usos ilegales del agua en el regadío, campos de golf y en los usos urbano-turísticos. Denuncian, además, que en muchos municipios murcianos todavía se sigue empleando agua potable para el riego de jardines y usos similares.
Diego Jiménez. Murcia
Desastre hídrico
Izquierda Unida de la Región de Murcia anuncia un desastre hídrico sin precedentes que “pagarán los de siempre” y denuncia que el gobierno regional ha creado una ley inservible para el ahorro de agua.
23/08/2006
IU también acusa al Ministerio de Medio Ambiente, y al responsable de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, de haberse plegado a los intereses partidistas despreciando las verdaderas soluciones pendientes para el déficit hídrico de Murcia.
Cuando, a fecha de hoy, la Cuenca del segura está al 12% de su capacidad, contando con apenas 140 Hectómetros Cúbicos entre sus reservas, el gobierno regional simula haber respondido a esta situación con una disposición legislativa, en concreto la Ley de Medidas de Ahorro de Agua, que fue publicada el pasado 9 de agosto y de la que, tras un análisis pormenorizado hacemos la siguiente valoración:
1.-La Ley Llega tarde y cuando la situación es demasiado grave.
2.-Las medidas propuestas en la ley que nos ocupa, se centran fundamentalmente sobre el consumo humano , que supone sólo 1/7 aproximadamente de los recursos consumidos. La ley centra la obligación de tomar medidas de ahorro sobre las viviendas de nueva construcción pero incentivando poco la reconversión y la toma de medidas en las viviendas ya construidas..
4.-se aportan excasas y débiles medidas para el ámbito industrial y ninguna para el regadío, sobre todo en relación a la sobreexplotación de acuíferos y pozos para riegos ilegales.
5.- En cuanto al consumo industrial solo se plantean vagos compromisos , ya que se obliga a las empresas a tener un plan de ahorro de agua, pero se pospone hasta que el Ente Público del Agua de la R. de M. indique como han de realizarse dichos planes, además el incumplimiento del mismo es considerado solo una falta leve . Más bien parece que el interés mayor se pone en el “lavado de cara” que supone tener un Plan de Ahorro de agua aunque luego este no se cumpla. No se proponen medidas correctoras eficaces para el control real del ahorro en el ámbito industrial
6.- Excluye de lo que incluso solo son meramente recomendaciones, a “instalaciones deportivas y las especializadas”, cuando algunas de ellas como los campos de golf, son zonas de máximo consumo de agua. (Un campo de 18 hoyos consume por término medio unos 0'5 hm3, lo que viene a suponer la mitad del consumo anual de una población como Mula con unos 16.000 habitantes.)
7.-Tampoco se dice nada sobre las redes privadas de distribución de agua potable como los “ramales privados de huerta y campos”, muy deficientes en materia de conservación de la instalación y control de fugas de agua. Estas redes privadas deberían pasar todas a control público.
Por lo tanto, estamos ante una ley que, no sólo no responde a los problemas, sino que contribuye a demorar las verdaderas soluciones pendientes, y que pasarían por la prohibición de riego en todos los regadíos ilegales, así como la obligatoriedad a las industrias y acometidas privadas, de modernización.
IU denuncia que, respecto a las competencias del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Segura, no se ha realizado la debida auditoría de todos los usos y prioridades cuenca por cuenca, una medida valiente y necesaria que, debería ser la primera en acometer y que IURM lleva varios años reivindicando.
La Confederación Hidrográfica del Segura, a través de su Presidente, José Salvador Fuentes Zorita, ha optado por la política del “quejío” frente a la de las soluciones, denunciando en los medios de comunicación la construcción de complejos urbanísticos que no tienen el suministro garantizado pero plegándose, junto con su partido a esta grave política de hechos consumados.
IU está segura, que la política de ambas administraciones conduce:
En primer lugar, a un encarecimiento permanente del precio del agua que pagan los ciudadanos de a pié. De hecho, llevamos varias subidas anuales de entre el 17 y el 20%, y se esperan otras de mayor cuantía para el próximo añó. (Narbona dixit)
En lugar de moderar el crecimiento urbanístico y el gasto en usos recreativos como el golf, se construyen desaladoras a toda máquina, instalaciones cuyo elevado coste es repercutido directamente sobre las tarifas que pagan todos los usuarios.
En segundo lugar, esta política contribuye al enfrentamiento entre regiones y representantes de distintos sectores. De hecho, en este mismo mes estamos asistiendo simultáneamente a reivindicaciones por parte de regantes que denuncian que no tienen agua y la construcción de más y más campos de golf. Este enfrentamiento es fomentado de manera interesada por los presidentes de Castilla la Mancha y Murcia, y pone en riesgo las verdaderas soluciones.
En tercer lugar, esta situación supone una escalada de destrucción de nuestro entorno. Se incrementa el acoso sobre los acuíferos más vitales de nuestra región. De hecho el “sinclinal de Calasparra”, está siendo utilizado, no como reserva estratégica, sino como recurso permanente, todo al tiempo que aumentan los deseos de sobreexplotar también el acuífero del Río Luchena.
Por lo tanto, IURM reclama un cambio radical en la política hidráulica que llevan a cabo las Administraciones regional y estatal.
anexos:
Ejemplos de campos de golf que se encuentran en esta situación son:
• Baños y Mendigo (Mosa Trayectum), que ha venido incumpliendo desde su inicio la Declaración de Impacto Ambiental, encontrándose durante meses la depuradora parada, entre otras cosas porque en la urbanización no vive prácticamente nadie, mientras que el campo de golf está en pleno rendimiento, regándose dos veces al día con agua de un pozo cercano, autorizado para uso agrícola y no recreativo.
• El campo de golf de "El Saladillo" en Mazarrón, se riega con agua procedente de las zonas del trasvase Tajo-Segura, a través de un complejo sistema de tuberías que de modo ilegal sustraen caudales destinados a la agricultura, acabando finalmente en una balsa a la que también van los caudales de la depuradora de la urbanización, en la que apenas viven cinco mil personas por lo que los caudales depurados no alcanzarían jamás los necesarios para mantener el mencionado campo de golf. Además como en tantos otros casos, estas instalaciones empezaron a funcionar mucho antes de que se procediera a someter a estudio el impacto ambiental del mismo.
• Las instalaciones de "Alto Real" en Molina de Segura , se riegan con agua de pozos, incluso este verano, se ha estado regando con agua de la red de abastecimiento urbano.
• El nuevo campo de golf de “Torre del Rame” en Los Alcázares, ha puesto en marcha el sistema de riego sin que todavía se haya iniciado la construcción de viviendas en la zona, por lo que es imposible que reciba agua depurada. Ninguno de los campos de golf de nuestra región se está regando con aguas depuradas, ya que nunca los caudales depurados podrían llegar a cubrir las necesidades de agua que unas instalaciones de este tipo requieren. Pero además, las Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas por la Consejería de Industria y Medio Ambiente, están supeditadas a la obtención de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para poder ser regado con las aguas procedentes de la depuradora, algo que resulta incompatible con la normativa vigente en materia de aguas, en la que los usos recreativos, entre los cuales se incluyen los campos de golf, son los que menor prioridad tienen para el otorgamiento de concesiones. Por tanto, sólo cuando el resto de usos estén debidamente atendidos, y en particular, el abastecimiento a población y los usos agrarios e industriales, cabría otorgar concesiones de agua a usos recreativos como los campos de golf, por lo que la posibilidad de una autorización de este tipo, resulta totalmente inviable. Esto implicaría que el uso de esta agua para regar un campo de golf sería ilegal y contraria a la normativa vigente.
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