La charla “Destrucción a toda costa”, celebrada en el Moneo, cerró los actos de las Jornadas de Sostenibilidad Ambiental de la Coordinadora ‘La Región de Murcia no se Vende'

  La manifestación de Águilas, del próximo día 2 de julio, pondrá fin, por este curso, a las reivindicaciones de defensa del territorio murciano.

  María José Caballero, responsable de costas de Greenpeace , Paco Poveda, director de la corporación ‘Azahar Media' y presidente de la Asociación de la Prensa Independiente, y Eduardo Salazar , abogado de Prolitoral y miembro de Ecologistas en Acción, dieron un repaso exhaustivo, desde distintas vertientes, al fenómeno de la destrucción del litoral español en general y del murciano, en particular, en la conferencia conjunta que, en el Moneo, puso fin, el pasado jueves, día 21 de junio, a las Jornadas de Sostenibilidad con las que la Coordinadora ‘La Región de Murcia no se Vende' ha pretendido trasladar a la opinión pública su denuncia del modelo urbanístico y territorial depredador del territorio regional que están auspiciando el varios ayuntamientos y el Gobierno de esta Región.

Mª José Caballero comenzó exponiendo la fuerte presión urbanística que soporta España, con unas 700.000 nuevas viviendas previstas para 2006, muchas de ellas en la fachada litoral, con las consiguientes repercusiones en la destrucción del suelo, el deterioro de la calidad de vida y la afección de las obras del suelo en la recarga de acuíferos y la degradación ambiental en general. En su exposición, dio cuenta de que España se sitúa en el puesto 23, sobre casi 160 países de todo el mundo, en cuanto a los mayores niveles de corrupción asociada al urbanismo, por lo que, dijo, “Greenpeace plantea la elaboración de una lista negra de empresas promotoras y constructoras inmersas en ilegalidades urbanísticas”. Criticó el hecho de que la legislación urbanística esté ligada al dictado de promotores y constructoras, contemplándose, además, como algo común la nefasta figura de los convenios urbanísticos. Sobre los campos de golf, destacó el dato de que sólo un 0,6% de la ciudadanía española y un 1,1% de la extranjera se declara practicante de este deporte. María José abogó, como soluciones urgentes ante estos hechos, por el impulso de un serio compromiso de todas las Administraciones para luchar contra la corrupción inmobiliaria, primando, pues, el interés general sobre el beneficio particular de unos pocos, y por la solución definitiva del déficit financiero de los ayuntamientos, situación que está detrás de no pocos casos de corrupción.

En cuanto a otros factores que inciden en la destrucción del litoral, Mª José citó el fenómeno del turismo de costa masivo, que aunque está en serio retroceso en España ante la competencia de otros países de la ribera del Mediterráneo, sigue constituyendo, con más de 30 millones de visitantes anuales, una seria amenaza a los ecosistemas litorales. Citó el dato de que más del 70% de los británicos, según encuestas, no volverían de turismo a nuestro país, por lo que, dijo, “es preciso establecer limitaciones al desmesurado crecimiento turístico, tras un exhaustivo análisis de los destinos saturados”.

María José pasó a exponer otras agresiones al litoral como la regeneración de las costas, la proliferación de obras de paseos marítimos y puertos deportivos y la general inexistencia del deslinde y amojonamiento de zonas de reserva de uso marítimo, a excepción de Lugo, Guipúzcoa y Tarragona, que sí han realizado esas actuaciones. Por último, citó la contaminación de las aguas y la notable ausencia de depuración de vertidos residuales al mar (706 municipios, entre ellos uno tan poblado como Algeciras, carecen de depuradoras) como otro factor que coadyuva a la destrucción del litoral.

Paco Poveda , inició su exposición con una fina ironía al calificar al dictador Franco de ecologista, pues impidió actuaciones urbanísticas en el entorno de San Javier y la costa de Cartagena-Mazarrón-Águilas, por motivos militares, y en Calblanque, por no estar garantizado el suministro de agua en ese parque natural. A lo largo de su charla puso en relación el fenómeno de la especulación urbanística en Murcia con la presión de la vecina comunidad valenciana, muchos de cuyos promotores actúan en nuestra Región, y advirtió del presumible freno al proceso urbanizador que va operarse en Murcia, a corto plazo, ante la más que probable disminución de la demanda de viviendas. En este sentido, calificó de ‘estratégica' la moratoria sobre construcciones del gobierno Valcárcel, influido por la intervención de la Unión Europea en los escándalos de la Comunidad Valenciana y por el descenso previsible de ventas antes citado. Dijo que, a diferencia de la vecina Comunidad Valenciana, “no hay proyecto de Región en Murcia, que trata de imitar un modelo turístico agotado, el de Benidorm”. Poveda advirtió, además, de la seria competencia en cuanto a destinos turísticos de países como Portugal, Grecia, Túnez, Croacia…, dato a tener en cuenta para no fundamentar nuestro desarrollo en un sector que puede quebrar a medio plazo.

Por último, pese a los datos expuestos, mantuvo un tono optimista, valorando muy positivamente lainfluencia de las movilizaciones ciudadanas, en especial las auspiciadas por la coordinadora ‘Murcia no se Vende', sobre el cambio de signo del modelo urbanístico que se ha asentado en la Región. Poveda animó a la ciudadanía murciana a secundar la manifestación del próximo día 2 de julio, en Águilas, en contra de la AIR de Marina de Cope y de la urbanización prevista en la Zerrichera.

Eduardo Salazar empezó destacando la paradoja de que la actual Ley del Suelo desproteja 15.000 hectáreas de suelo anteriormente protegido, pese a la existencia de leyes que, teóricamente, están redactadas para la defensa del territorio, como la Ley de Costas, la Ley de Aguas, la Red de Espacios Naturales Protegidos, la Red Natura 2000 y las de calidad ambiental. “Muchas leyes, dijo, pero que no se aplican”.

Pasó revista, a continuación, a algunos de los muchos escándalos que se dan en la Región como la Urbanización ‘Rosa de los Vientos', en la Rambla de Valdelentisco, Puerto Mayor, la autopista Cartagena-Vera, la finca de Lo Poyo, la destrucción de los baños de Isla Plana, la Azohía, y la desprotección de parajes como la Sierra de las Moreras, Calblanque y la Zerrichera, y criticó la construcción de las desaladoras de San Pedro del Pinatar, que no tiene solucionado el tema de vertidos de salmueras en una zona rica en ‘posidonia', y la de Valdelentisco.

Puso el acento, además, en la legislación que desprotege el territorio, como la actual Ley del Suelo y las Directrices del Litoral, haciendo hincapié en el disparate urbanístico asociado a la Actuación de Interés Regional de la Marina de Cope, una zona en la que está previsto construir viviendas para unos 58.000 habitantes, cinco campos de golf y dos campos de fútbol. Salazar evidenció, como elemento a considerar, el dictamen favorable a Ecologistas en Acción -y contrario, por tanto, a esta actuación- del Consejo Jurídico de la Comunidad Autónoma, que ha pedido a la Administración regional cautela ante este proyecto, pues no está garantizado el suministro de agua, no cuenta con la evaluación de impacto ambiental y no tiene en cuenta la protección del patrimonio histórico (torre de Cabo Cope). Así mismo, el citado dictamen cuestiona la construcción de una marina junto a la franja litoral sumergida.

Salazar, que, como Paco Poveda, animó a secundar la manifestación del próximo día 2 de julio en Águilas, notificó que Prolitoral ha recurrido las Directrices del Litoral, y pidió el máximo de presión ciudadana para que se respeten las leyes, lamentando, sin embargo, que el acceso a la justicia para la ciudadanía esté salpicado de multitud de barreras, por lo que pidió “una justicia sin obstáculos”. Precisamente esta última afirmación de Eduardo Salazar dio pie a que, en el turno de intervenciones del público, un destacado dirigente de la Coordinadora Murcia no se Vende pidiera la constitución de un “Tribunal Popular para juzgar a los jueces”, en clara alusión a la inhibición y lentitud de la judicatura respecto de los múltiples casos de corrupción que salpican el territorio español, si bien, en el transcurso del coloquio, se habían valorado positivamente los cambios habidos en Murcia, con el nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia y, sobre todo, el nuevo talante del Fiscal Jefe, López Bernal.

  Diego Jiménez. Murcia